BRASILIA — Los poderosos agricultores brasileños aseguran que no cederán a las presiones de ambientalistas que buscan más protección de áreas silvestres, dijo su líder a la AFP, cuando Brasil debate su ley forestal y seis defensores de la Amazonia fueron asesinados desde mayo.
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| Guardias de la policía militar confiscan madera en Brasil en 2008 (AFP/Archivo, Antonio Scorza) |
"Cualquier reducción del área que Brasil destina a producir alimentos (que ambientalistas aspiran reforestar) hará subir el precio de la comida. Eso es lo que la sociedad va a pagar", argumentó la presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) y senadora, Katia Abreu.
Ambientalistas y agricultores están frontalmente enfrentados en Brasil tras la aprobación en mayo en la Cámara de Diputados de una reforma impulsada por el influyente sector agropecuario, que flexibiliza el Código Forestal, la ley que obliga a los propietarios rurales a proteger un porcentaje de bosque en sus propiedades, que llega a 80% en la Amazonia.
Los ambientalistas y el gobierno intentan revertir ahora en el Senado -que debe votar la iniciativa- los puntos de la reforma que temen impulsarán la deforestación, principalmente uno que legaliza áreas que fueron deforestadas hasta julio de 2008, permitiendo que la producción agropecuaria continúe en esas zonas.
La presidenta Dilma Rousseff afirmó que "la deforestación no puede ser amnistiada", después de la aprobación del proyecto de ley por la cámara baja y amenazó con oponerle su veto. "Yo tengo la prerrogativa del veto. Si juzgo que cualquier punto perjudica al país, lo vetaré", afirmó.
En la última década, las tierras productivas en el país se expandieron 21%, principalmente a costa de áreas forestadas, según datos del Ministerio de Agricultura.
La disputa coincide con un recrudecimiento de la violencia contra campesinos y defensores de la Amazonia: seis trabajadores rurales que denunciaron la acción de madereros fueron asesinados en las últimas tres semanas, en zonas donde la impunidad protege a los que deforestan.
"Todo indica que Obede Loyla Souza fue asesinado por denunciar a madereros ilegales", dijo a la AFP una portavoz de la Comisión Pastoral de la Tierra al denunciar el martes el asesinato del sexto campesino.
"Vincular la violencia en el campo con el debate del código forestal es un juego sucio, quieren transmitir miedo a la sociedad; en Brasil mueren decenas de personas cada día por falta de seguridad pública, en el campo y en la ciudad", dijo Abreu.
Lo que los agricultores quieren con la reforma del código forestal es asegurarse 2,3 millones de km2 (más de cuatro veces el tamaño de Francia) que hoy destinan a la producción agropecuaria y que equivalen a 27% del territorio nacional, asegura Abreu.
"Ya protegemos más de 900.000 km2 de bosques dentro de nuestras haciendas. ¿Y todavía quieren más?", se preguntó Abreu, que heredó su finca cuando enviudó a los 25 años y que se considera capaz de convencer a la presidenta Dilma Rousseff para que no vete la reforma en favor de los ambientalistas.
"No, no tenemos condiciones de dar más y lucharemos hasta el final", advirtió esta hacendada de Tocantins (centro oeste), uno de los estados considerados frontera agrícola.
Los ambientalistas dicen que el pasivo ambiental alcanza entre 600.000 y 800.000 km2 de área selvática que tendría que ser replantado.
El tema pone en evidencia la pujanza del agro brasileño, que en 1974 producía 20 millones de toneladas de granos y este año llegará a 160 millones.
Brasil se ha convertido en uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo y proyecta un aumento de la producción de 25% en los próximos diez años.
Los agricultores brasileños se juegan mucho, teniendo que demostrar si serán capaces de continuar creciendo y manteniendo la competitividad internacional sin la práctica de décadas de abrirse camino en el bosque.
"Brasil pasó de importar alimentos a ser un gigante exportador. Esa fue una política impulsada por el gobierno, que vino con un incentivo a la deforestación. Lo hicimos bajo el comando del Estado y con financiación para ampliar la frontera agrícola" desde los años setenta, asegura Abreu.
En los noventa, sin embargo, las políticas públicas cambiaron radicalmente: ahora la prioridad era impedir la deforestación amazónica que alcanzó el pico de 27.000 km2 en 2004. La ley se hizo más rigurosa y se puso cerco a los que deforestan para frenar la devastación de la Amazonia.
En 2010 la deforestación cayó a 6.500 km2.
Los agricultores "éramos héroes (por haber garantizado la autosuficiencia alimentaria del país) y amanecimos criminales que destruyen el medio ambiente", lamenta Abreu.
El gigantesco país de 8,5 millones de km2, tiene 5,3 millones de km2 de selvas y bosques, la mayor parte concentrada en la Amazonia.
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